Tras la realización de la 5° Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional catalogó la movilización como una protesta de carácter político y ratificó que no reabrirá instancias de diálogo directo con las autoridades académicas. Desde la Casa Rosada fundamentaron su postura en las metas de equilibrio fiscal previstas para el Presupuesto 2027 y señalaron que cualquier debate sobre los recursos deberá canalizarse en el Congreso de la Nación.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional y referentes de las casas de estudio manifestaron su preocupación ante la falta de interlocución oficial y advirtieron sobre la viabilidad del dictado de clases el próximo año. El punto central de la controversia radica en la asignación presupuestaria: mientras el proyecto del Ejecutivo estipula $7,3 billones para el sistema universitario, las universidades reclaman una partida de $11 billones para afrontar gastos de funcionamiento y recomposición salarial.
