Comenzó a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplaza la norma vigente desde 1980. La privación de la libertad tendrá un tope de 15 años para los delitos más graves, mientras que para las faltas menores se aplicarán sanciones alternativas.
A partir de este sábado 5 de septiembre de 2026, comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad para los adolescentes a partir de los 14 años. La medida entra en vigor tras cumplirse el plazo de 180 días estipulado en el Decreto 138/2026, dejando sin efecto la histórica Ley 22.278 que fijaba el piso de imputabilidad en los 16 años.
La nueva normativa alcanza a cualquier delito tipificado en el Código Penal o en leyes especiales, marcando un cambio de paradigma en la justicia penal de menores. Sin embargo, el texto aprobado por el Congreso aclara que la privación de la libertad no será la primera opción y estará estrictamente reservada como recurso de última instancia para delitos de extrema gravedad, tales como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos con violencia física grave, fijando un tope de pena de hasta 15 años.
Para aquellos ilícitos con escalas penales de hasta 3 años —o de hasta 10 años sin violencia ni resultado de muerte— los jueces deberán aplicar obligatoriamente medidas alternativas de resocialización. Entre las sanciones sustitutivas se destacan:
- Amonestaciones formales y prohibición de acercamiento a las víctimas.
- Restricciones para concurrir a determinados lugares o salir del país.
- Prestación de servicios comunitarios y colocación de monitoreo electrónico.
Respecto a los menores de 14 años, la ley mantiene la figura de la inimputabilidad, pero introduce la figura del Supervisor Judicial para el seguimiento socioeducativo junto a organismos de niñez. Asimismo, la norma prohíbe las penas de prisión perpetua, prohíbe el alojamiento de jóvenes junto a adultos en establecimientos carcelarios y traslada la responsabilidad civil por los daños ocasionados hacia los padres o tutores legales.
Con la entrada en vigencia del régimen, el sistema judicial enfrenta el desafío operativo de construir la infraestructura edilicia y los fueros especializados requeridos para garantizar que la aplicación de la ley cumpla con sus fines educativos e integradores.
