El juez Sebastián Fucho homologó un juicio abreviado contra tres sujetos oriundos de Jujuy y Buenos Aires tras comprobarse la maniobra fraudulenta cometida contra un local salteño. Los imputados retiraron maquinaria de carnicería por un valor de $10 millones utilizando cheques virtuales sin respaldo financiero.
Una millonaria maniobra de defraudación comercial tramitada en los tribunales de Metán concluyó con penas de prisión efectiva para tres hombres acusados de coautoría en el delito de estafa. La causa, instruida por el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, determinó que los involucrados se hicieron pasar por compradores para retirar equipamiento gastronómico y electrodomésticos valuados en $10 millones desde un local comercial. El engaño se concretó mediante la entrega de cheques virtuales que carecían de fondos, lo que motivó la inmediata denuncia de la víctima y la intervención de la Oficina Judicial de Salta.
Los hechos se desencadenaron en marzo de 2024, cuando un comerciante de la localidad salteña entabló negociaciones con supuestos clientes interesados en adquirir equipamiento para una carnicería.
Las etapas de la operación fraudulenta detectadas por la fiscalía revelan los siguientes detalles:
- Logística del retiro: En abril de 2024, los acusados enviaron un flete con un chofer y un representante que se presentó como colaborador del comprador para cargar la mercadería en el establecimiento.
- Mecanismo del engaño: La transacción se canceló mediante eCheqs o cheques virtuales, los cuales fueron rebotados por la entidad bancaria por falta total de fondos al momento de su acreditación.
- Origen de los condenados: Las investigaciones confirmaron que la banda estaba integrada por dos hombres procedentes de la provincia de Jujuy y uno radicado en Buenos Aires.
Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, los tres acusados reconocieron la autoría del delito ante el juez Sebastián Fucho, acordando penas de prisión efectiva: Jesús Marcelo Agüero recibió 2 años; Rubén Marcelo Chiclana, 8 meses; y Cristian Agustín Romero, 1 mes de cumplimiento efectivo.
Además de las sanciones de privación de la libertad, el magistrado convalidó un resarcimiento económico ofrecido por los imputados a favor del comerciante damnificado, cerrando la vía penal administrativa tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la querella.
