El municipio salteño comenzó las acciones legales para recuperar un predio de cinco hectáreas arrendado al edil Carlos Suárez debido al incumplimiento del pago del canon. Desde el área legal de la comuna cuestionaron la postura del funcionario frente a los reclamos por acceso a la tierra.
La Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán inició las actuaciones administrativas y judiciales para concretar el desalojo de un predio de cinco hectáreas de tierras fiscales explotadas por el concejal local Carlos Suárez. La medida fue impulsada por la Secretaría de Asuntos Legales de la comuna ante la falta de regularización de los pagos por el alquiler del inmueble, a pesar de las intimaciones y solicitudes previas. El edil, quien combina su labor en el cuerpo deliberativo con la actividad comercial privada, no emitió hasta el momento un pronunciamiento público sobre la demanda ni sobre los períodos adeudados.
El procedimiento municipal para recuperar el inmueble público se fundamenta en los siguientes puntos clave del conflicto edilicio y legal:
- Deuda por canon y falta de pago: La gestión comunal argumentó que el concejal ocupa y explota comercialmente un terreno de cinco hectáreas de propiedad municipal sin haber cancelado el alquiler pactado, motivo por el cual se agotaron las instancias de prórroga para el cumplimiento voluntario de la obligación.
- Críticas desde el área legal: El secretario de Asuntos Legales de la municipalidad, José Ortega Argibay, confirmó el inicio del trámite de desalojo y calificó la conducta del edil como contradictoria respecto a sus intervenciones legislativas sobre el acceso a la propiedad y la tierra en la comuna.
- Indefinición de montos y plazos: Aunque el Ejecutivo ratificó la decisión de avanzar por la vía judicial para recuperar las tierras fiscales, el municipio no precisó aún la suma total que compone la liquidación de la deuda ni el plazo exacto de la mora.
Con el avance de la demanda tramitada por la Secretaría de Asuntos Legales, el municipio salteño buscará restituir el predio al patrimonio público local ante la falta de respuestas por parte del legislador comunal.
