El reciente sorteo de 93 viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en Rosario de Lerma generó una intensa controversia política y social. Entre las beneficiarias dentro del padrón de 530 familias inscriptas figura Aurelia Córdoba, concejal y ex presidenta del cuerpo deliberativo, alineada con la gestión del intendente Sergio «Topo» Ramos.
La situación derivó en reclamos de transparencia impulsados por la concejal opositora Camila Jorge, quien cuestionó los requisitos presentados por la edil oficialista e instó a que se brinden explicaciones sobre la evaluación del grupo familiar y los ingresos acreditados. La polémica cobró mayor dimensión tras señalarse que entre los adjudicatarios también se encuentra la actual secretaria de Gobierno municipal, Fátima Chocobar.
Desde el organismo provincial precisaron que los postulantes debían contar con la ficha social actualizada y acreditar ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles. Si bien el ejercicio de un cargo público no constituye de por sí una incompatibilidad legal para participar del programa, el debate instalado en la comunidad gira en torno a la rigurosidad de los controles aplicados y la equidad en el acceso a la vivienda social.
