El hecho ocurrió a la salida escolar en el barrio El Portal y quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras las denuncias de los padres, la Justicia salteña abrió una causa por amenazas. El episodio coincide con la reciente entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil que fijó la edad de imputabilidad en 14 años.
Un grave episodio de violencia e intimidación generó profunda preocupación en la localidad salteña de Campo Quijano. Las familias de un grupo de estudiantes denunciaron formalmente a un adolescente por haber amedrentado y amenazado a los alumnos a la salida del colegio utilizando lo que aparenta ser una réplica de arma de fuego. El accionar del joven quedó grabado por el sistema de videovigilancia de la zona, disparando una investigación judicial bajo la carátula provisoria de amenazas.
El incidente se registró en las inmediaciones de la calle Juan Carlos Dávalos, en el barrio El Portal. De acuerdo con el relato de los denunciantes, el acusado se acercó a los estudiantes profiriendo insultos y expresiones intimidatorias mientras exhibía el objeto similar a una pistola. Las imágenes captadas por los dispositivos de seguridad ya fueron incorporadas a la causa por orden de las autoridades policiales.
La investigación judicial se desarrolla bajo un contexto normativo particular:
- Pruebas clave: El peritaje de los videos aportados por el centro de monitoreo barrial busca confirmar si la pistola exhibida era efectivamente una réplica o un arma de puño apta para el disparo.
- Resguardo de identidad: Las autoridades judiciales mantienen bajo absoluta reserva los datos filiatorios y la edad exacta del imputado mientras se notifican las primeras medidas procesales.
- Marco legal vigente: El caso se produce en coincidencia con el inicio de la vigencia de la Ley Nacional 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo la imputabilidad a los 14 años e incorpora un abanico de medidas socioeducativas y sanciones adaptadas para menores de 18 años.
Fuentes del caso precisaron que la calificación de «amenazas» es estrictamente preliminar y se irá ajustando a medida que se tomen declaraciones testimoniales y se evalúe el grado de responsabilidad del menor.
Mientras la comunidad educativa exige mayor presencia policial durante los horarios de ingreso y egreso escolar, la fiscalía interviniente avanza en el proceso para determinar las sanciones o medidas de contención correspondientes bajo el marco del nuevo código juvenil.
