Frente a las intensas repercusiones políticas e institucionales generadas en torno al estatus legal de la propiedad rural, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una aclaratoria oficial para precisar que no se pronunció de fondo sobre la validez constitucional ni la vigencia del régimen de tierras en el país. El máximo tribunal fundamentó su decisión señalando que el pronunciamiento adoptado «se ajusta estrictamente a todos los precedentes» jurisprudenciales de la institución en materia procesal. La aclaración judicial se produjo en un escenario de creciente tensión política, donde bloques de la oposición en el Congreso de la Nación impulsan la convocatoria a una sesión especial para rechazar formalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que habilita la venta de inmuebles rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras.
El pronunciamiento del tribunal supremo se dio a conocer este jueves 1 de octubre de 2026 a través de un comunicado emitido por la secretaría de jurisprudencia. Las autoridades del Palacio de Tribunales rechazaron las acusaciones de convalidación implícita del decreto presidencial y remarcaron que el expediente fue desestimado por cuestiones de forma sin ingresar al examen de constitucionalidad. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aceleran los acuerdos entre bloques opositores para reunir el cuórum parlamentario y derogar el DNU.
La Corte Suprema aclaró que no emitió opinión sobre el fondo ni sobre la constitucionalidad del régimen de tierras.
El máximo tribunal remarcó que la resolución procesal acata los criterios y antecedentes históricos del organismo.La oposición parlamentaria busca convocar a una sesión especial para derribar el DNU que habilita la venta a extranjeros.
El debate institucional por la titularidad de los inmuebles rurales se trasladará en las próximas horas al recinto del Congreso.
