Tras la ratificación del proyecto en la Cámara Alta con 44 votos afirmativos, la nueva normativa que transforma el Impuesto a las Ganancias en una declaración simplificada sin balance inicial de bienes aguarda su promulgación oficial. Frente a la inminencia de las fechas límite fijadas para el 22 de septiembre, profesionales tributarios exigen a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergar los plazos para adaptar los sistemas informáticos y brindar seguridad jurídica a los contribuyentes que buscan volcar sus divisas no declaradas al circuito bancario.
El Senado de la Nación convirtió en ley la norma denominada Inocencia Fiscal II mediante un aval de 44 votos a favor, introduciendo un cambio estructural en la fiscalización del Impuesto a las Ganancias que exime a los contribuyentes de presentar declaraciones de bienes iniciales y finales. La iniciativa establece un viraje en la doctrina tributaria, obligando a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a presuponer la buena fe del usuario y limitando sus observaciones a inconsistencias en facturación que superen un 15% o un piso de evasión de 5 millones de pesos. Sin embargo, la inminencia del vencimiento de la declaración jurada anual correspondiente al período 2025, previsto para el próximo 22 de septiembre, encendió las alarmas en el sector contable. Especialistas y cámaras tributarias reclamaron formalmente al Gobierno y a las autoridades fiscales una prórroga en el calendario operativa, argumentando que resulta imprescindible actualizar los aplicativos digitales de ARCA y promulgar la reglamentación complementaria para evitar inseguridad jurídica entre quienes evalúen regularizar divisas antes de la fecha límite fijada por la ley para el 31 de diciembre de 2027.
El marco sancionado altera la dinámica histórica de control tributario, fijando que ARCA asumirá la validez de los activos declarados entre 2023 y 2025, debiendo probar cualquier sospecha de inconsistencia mediante sus propios cruces de datos antes de iniciar un proceso sancionatorio.
Pese a la pretensión oficial de dar un cauce libre a los dólares fuera del sistema bancario, la legislación establece que la suspensión de presunciones por incrementos patrimoniales no justificados caducará el 31 de diciembre de 2027, delimitando una ventana temporal específica para la exteriorización de fondos.
Analistas de firmas tributarias como TMF Group y SDC Asesores señalaron que el impacto real de la medida dependerá de la velocidad con que el organismo fiscal ajuste sus plataformas informáticas y de la estabilidad económica e institucional percibida por los contribuyentes a mediano plazo.
El Ministerio de Economía y la cúpula de ARCA evaluarán en las próximas horas el pedido de prórroga cursado por las entidades profesionales.
