El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito contable y técnico ante los tribunales federales de Comodoro Py para respaldar la evolución de sus bienes durante su paso por la administración pública. La representación legal del exfuncionario rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito al sostener que la diferencia de 43 millones de pesos detectada por la fiscalía representa un margen residual y no una desproporción patrimonial. Asimismo, la defensa argumentó que los fondos en moneda extranjera y billeteras virtuales acumulados antes de ingresar al Estado respondieron a modalidades de ahorro no declaradas informalmente, costumbre que calificó como extendida en amplios sectores de la sociedad argentina.
El exjefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni entregó este lunes 21 de septiembre de 2026 una presentación escrita ante la Justicia para justificar el incremento de sus activos registrado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Acompañado por el letrado Matías Ledesma, el excolaborador presidencial intentó desestimar las inconsistencias contables señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita, aduciendo que la tenencia de claves privadas valida la propiedad previa de criptomonedas en dólares que posteriormente fueron incorporadas mediante declaraciones rectificativas. La defensa desmintió los montos atribuidos a las remodelaciones de su residencia en el partido de Pilar y justificó el uso de tarjetas de crédito y nombres de subordinados en compras personales debido a la carga horaria ejercida durante su gestión pública.
Los dictámenes técnicos adjuntados fijaron el costo final de las refacciones edilicias en la propiedad de Indio Cuá en 174.954 dólares, contraponiéndose a las tasaciones expuestas por los contratistas de la obra.
El representante del Ministerio Público Fiscal evaluará los elementos probatorios presentados antes de resolver si solicita la citación a declaración indagatoria.
El expediente penal tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo la titularidad del magistrado Ariel Lijo.
Las partes del proceso aguardan la resolución fiscal sobre la validez del acta notarial aportada para determinar el curso de la investigación patrimonial.
