Referentes del sector cooperativo del departamento de General San Martín solicitaron la intervención de oficio del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de la Provincia de Salta, a cargo de Ignacio Jarsún, para mediar en el conflicto que mantienen con el intendente de Tartagal. Los trabajadores reclaman la cancelación de pagos adeudados por la edificación de tres aulas en la comunidad de Yacuy y la aplicación de los marcos normativos que priorizan el trabajo de la economía social. Tras realizar un piquete sobre la Ruta Nacional 34 a la altura de Cuña Muerta, los manifestantes anunciaron la reanudación de los cortes de tránsito y la presentación de acciones legales apoyadas en leyes de fomento al cooperativismo y la administración pública provincial.
Los representantes de las cooperativas de trabajo del norte de Salta anunciaron nuevas medidas de fuerza que incluirán interrupciones de tránsito en la Ruta Nacional 34, en el paraje Cuña Muerta, y presentaciones jurídicas contra el municipio de Tartagal. El vocero del sector, Cristian Fernández, exigió que el ministro de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia, Ignacio Jarsún, actúe de oficio para resolver la controversia financiera provocada por la falta de pago de las obras escolares ejecutadas en la localidad de Yacuy. Para fundamentar el reclamo, la conducción cooperativista invocó un conjunto de leyes nacionales de economía social y normativas provinciales de procedimiento administrativo, señalando el incumplimiento de las prioridades de contratación para las entidades sin fines de lucro locales frente a empresas privadas externas.
Los manifestantes sostuvieron la validez de los preceptos que definen el esfuerzo propio y la ayuda mutua en el marco de la legislación nacional sobre economía social.
El referente del movimiento fundamentó la solicitud de acción gubernamental en las obligaciones estipuladas por la ley de procedimientos administrativos de la provincia.
Las organizaciones locales remarcaron la existencia de marcos regulatorios que imponen preferencia legal a las entidades sociales para el desarrollo de obras públicas en los municipios.
Los referentes gremiales continuarán con el plan de lucha en las rutas de la región hasta obtener una respuesta del Grand Bourg y la regularización de los fondos adeudados por la municipalidad.
