El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de ultimar los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, previo a su remisión formal al Congreso de la Nación. La propuesta técnica, articulada principalmente por el canciller Pablo Quirno y el equipo de asesores del Ejecutivo, busca endurecer el régimen de sanciones contra empresas e individuos extranjeros que exploten recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización argentina. Tras el encuentro ministerial, el Jefe de Estado recibirá a las bancadas de diputados y senadores de La Libertad Avanza para alinear la estrategia legislativa que acompañará tanto esta iniciativa como el debate del Presupuesto 2027.
La iniciativa legislativa amplía el marco regulatorio fijado por la Ley 26.659, incorporando prohibiciones expresas y penalizaciones que abarcan la totalidad de la plataforma continental y la zona económica exclusiva hasta las 200 millas náuticas. Si bien la redacción original estaba orientada a frenar los emprendimientos hidrocarburíferos mar adentro, las modificaciones finales incluyeron también restricciones severas para las actividades pesqueras no reguladas desarrolladas en el archipiélago.
Entre los aspectos normativos centrales destaca la incorporación de la figura de juicio en ausencia para facilitar los procesos judiciales contra corporaciones internacionales y sus directivos que incumplan las leyes argentinas. Asimismo, el texto contemplará un régimen de transición jurídica diseñado para permitir el retiro ordenado de aquellas compañías que actualmente operan bajo concesiones otorgadas por el gobierno colonial de las islas, evitando así responsabilidades penales o administrativas ulteriores.
La agenda parlamentaria de la jornada continuará por la tarde con la reunión entre el Presidente y la tropa legislativa oficialista. En dicho encuentro se abordarán las prioridades del bloque parlamentario para el tramo final del período ordinario, en un contexto en el que el Gobierno buscará coordinar acuerdos con sectores opositores para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras.
La presentación del articulado marcará el inicio de un nuevo capítulo en la política exterior hacia el Atlántico Sur, supeditado a la capacidad del oficialismo para construir mayorías en el ámbito legislativo.
