El fondo demandante presentó una solicitud de arbitraje ante el organismo del Banco Mundial para exigir el cumplimiento de la sentencia de primera instancia que fijaba una indemnización de US$ 16.000 millones. El reclamo formal se realizó en representación de las sociedades quebradas del Grupo Petersen. La Procuración del Tesoro de la Nación fue notificada y prepara la estrategia de defensa del Estado argentino.
El fondo de litigios Burford Capital inició un reclamo de arbitraje internacional contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. La presentación busca revertir el revés judicial obtenido en segunda instancia en los tribunales de Nueva York y reactivar la pretensión económica de US$ 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Según confirmaron fuentes oficiales, la Procuración del Tesoro de la Nación ya fue notificada del procedimiento y se encuentra diseñando la estrategia de contestación. El pedido de arbitraje fue tramitado exclusivamente a nombre de las firmas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora —accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización—, amparándose en los términos del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre la Argentina y el Reino de España.
La decisión del fondo especulativo se concretó dentro del plazo legal para recurrir la sentencia de segunda instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el escrito ante el Ciadi, Burford argumenta que el tribunal arbitral es una vía idónea para ratificar el criterio de primera instancia dictado oportunamente por la jueza Loretta Preska, quien en mayo pasado había autorizado la utilización de los elementos probatorios del expediente neoyorquino en la instancia arbitral.
La tramitación abre un período de 90 días para la constitución formal del tribunal de tres árbitros que fijará el calendario procesal. Por normativa del organismo, la mayor parte de las actuaciones mantendrá un carácter confidencial hasta la emisión del laudo definitivo, un proceso que suele demandar una extensión promedio superior a los cuatro años.
Especialistas en derecho internacional destacaron que la demanda omite por el momento a la firma estadounidense Eton Park, titular del 11% de los reclamos originales en Estados Unidos, debido a diferencias en las cláusulas de protección de inversiones vigentes entre ambos tratados bilaterales.
Una eventual resolución desfavorable en el Ciadi requerirá una posterior homologación ante tribunales ordinarios para su ejecución forzosa.
