El gobierno británico emitió un documento oficial titulado «Haciendo negocios con las Islas Malvinas» en el que desconoce la jurisdicción argentina y ofrece contención y gestiones diplomáticas a las corporaciones privadas. La medida se constituye como la primera réplica de Londres tras las sanciones energéticas promovidas por la Casa Rosada y las imputaciones judiciales radicadas en la Justicia Federal.
El gobierno del Reino Unido emitió una guía oficial orientada a respaldar e incentivar el desarrollo de actividades comerciales y de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, formalizando la primera respuesta de Londres tras el endurecimiento de las sanciones dispuestas por la administración de Javier Milei. El documento publicado por la Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ratifica la postura histórica de soberanía británica sobre el archipiélago y sostiene que la legislación argentina carece de aplicabilidad e imperio sobre las firmas que operan en el área. Frente al paquete de medidas punitivas anunciado por el Poder Ejecutivo argentino —que contempla inhabilitaciones administrativas y la apertura de causas penales instruidas por la Fiscalía Federal—, la diplomacia británica ofreció asesoramiento directo e intervención diplomática ante terceros países para proteger a las compañías e inversores involucrados en la extracción de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La instructiva oficial británica, denominada «Doing business with the Falkland Islands», argumenta que el desarrollo de la economía y la gestión de recursos hidrocarburíferos por parte de las autoridades insulares se ampara en el derecho a la autodeterminación. Asimismo, el texto intenta restar impacto a las notificaciones y apercibimientos judiciales cursados por el Estado argentino, señalando que las previsiones normativas nacionales no han impedido el crecimiento de la actividad económica en las islas durante las últimas décadas.
En el plano local, el avance de las penalidades administrativas por parte del Gobierno nacional se vio acompañado por actuaciones en la fuero penal federal, donde se radicaron imputaciones dirigidas a altos ejecutivos de las firmas contratistas que participan de la prospección petrolera. A su vez, la controversia bilateral sumó un componente internacional tras los recientes posicionamientos vertidos por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre el financiamiento de la OTAN y la eventual revisión de la neutralidad norteamericana frente al diferendo del Atlántico Sur.
Desde el gobierno británico recalcaron que mantendrán la administración efectiva del territorio bajo el estatus de Territorio Británico de Ultramar, rechazando cualquier instancia de diálogo bilateral sobre la soberanía territorial que no cuente con el consentimiento formal de los habitantes del archipiélago.
La publicación del documento eleva la tensión diplomática entre ambas naciones mientras los tribunales argentinos avanzan con los expedientes penales impulsados contra los directivos de las empresas del sector.
