La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta, a cargo de Claudia Geria, inició actuaciones de oficio para recabar información oficial sobre la situación sanitaria en la Alcaidía General y las unidades carcelarias 1 y 4. La medida judicial responde a denuncias sobre posibles contagios de tuberculosis entre la población privada de la libertad, marco en el cual se solicitaron informes urgentes en un plazo de 24 horas y la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI).
La intervención se produce en una provincia que registra la tasa de mortalidad por tuberculosis más alta del país —con 6 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2024, frente al promedio nacional de 1,8— y un indicador de incidencia elevado. Especialistas médicos subrayan la importancia de la detección temprana, el control de los contactos estrechos y la continuidad de los tratamientos farmacológicos, especialmente en ambientes cerrados y con alta densidad poblacional, para evitar la propagación del bacilo y proteger tanto a los internos como al personal penitenciario.
