Mujeres participan en una multitudinaria marcha bajo la consigna "Ni una menos" a fin de reclamar medidas urgentes contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, el viernes 3 de junio de 2016. (Foto AP / Victor R. Caivano)
Mediante la sanción de la Ley 8552, la provincia de Salta extendió por dos años más la emergencia pública en materia social por violencia de género. La normativa faculta al Poder Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias para sostener y reforzar las políticas públicas de prevención, asistencia y protección a las víctimas.
La medida legislativa se aprueba en un contexto complejo marcado por relevamientos estadísticos nacionales y causas judiciales de impacto en el territorio salteño. En el plano provincial, las fiscalías especializadas investigan siete hechos calificados como femicidios en lo que va del año en diversas localidades, entre los que se destacan los casos de Natalia Cruz, Viviana Vilte, Cintia Díaz Orellana, María Griselda Olarte, Vanesa Guadalupe García, un hecho en Colonia Santa Rosa y el femicidio vinculado de Ángel Guantay. En varios de estos casos, la existencia de denuncias previas volvió a poner bajo la lupa la efectividad y el seguimiento de las medidas de protección.
A la par de la prórroga legislativa, avanzan causas judiciales de gravedad en el interior provincial. En Cafayate, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet amplió la imputación contra un hombre de 34 años detenido por el doble femicidio de su pareja y su suegra, ocurrido en octubre de 2024, sumando a la causa graves acusaciones por abuso sexual continuado contra su hija adolescente.
A nivel nacional, datos de observatorios sociales basados en monitoreos de medios contabilizan más de 200 víctimas fatales por violencia machista en el país en los primeros nueve meses del año. Ante este panorama, la prórroga de la norma busca brindar al Estado provincial herramientas financieras y administrativas para sostener la respuesta institucional frente a la problemática.
