El anuncio presidencial de endurecer las sanciones contra quienes participen directa o indirectamente del proyecto Sea Lion alcanza a intermediarios y banqueros. Canaccord Genuity, que consiguió US$180 millones para la petrolera Rockhopper, operó este año en Salta con la venta de un yacimiento de litio a POSCO.
El endurecimiento en las penas contra la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas encendió las alarmas en el sector financiero y minero. Durante su mensaje en cadena nacional, el presidente Javier Milei confirmó un paquete normativo que no solo busca castigar a las operadoras hidrocarburíferas, sino a la cadena de intermediarios, asesores y financistas. En el centro de esta tormenta aparece Canaccord Genuity, un gigante financiero internacional que, mientras levantaba fondos para la británica Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte, asesoraba transacciones millonarias en la Puna salteña.
La Ley N° 26.659 sanciona a quienes participen directa o indirectamente en actividades petroleras no autorizadas en la plataforma continental argentina, contemplando penas de inhabilitación de 5 a 20 años y la pérdida de licencias o beneficios fiscales. El nuevo decreto del Ejecutivo busca acelerar los trámites de punibilidad y cruzar datos con regímenes como el RIGI, una medida que impacta de lleno en grupos corporativos con intereses cruzados en el país.
El caso de Canaccord Genuity deja al descubierto los nexos entre el capital que financia el enclave británico y los recursos estratégicos en territorio continental:
| Proyecto / Región | Empresa Operadora / Involucrada | Rol de Canaccord Genuity | Monto / Impacto de la Operación |
| Sea Lion (Malvinas Norte) | Rockhopper Exploration & Navitas | Colocación de acciones y consecución de capital | US$ 180 millones para acelerar la extracción petrolera |
| Hombre Muerto Norte (Salta) | POSCO (adquisición) | Asesoramiento / Intermediación financiera | US$ 65 millones por la venta del yacimiento de litio |
Esta dualidad operativa coloca al Gobierno frente a la prueba de fuego de aplicar las sanciones de inhabilitación a grupos financieros que operan en las provincias del norte bajo el argumento de la soberanía nacional.
La inclusión de banqueros y agentes de bolsa en el régimen de sanciones deja a firmas internacionales en una encrucijada legal. Resta determinar si la Casa Rosada efectivizará el bloqueo comercial y la inhabilitación del grupo financiero en sus negocios continentales o si el entramado bancario logrará eludir los controles normativos para sostener sus inversiones en el mineral del futuro.
